BUENOS AIRES.- La Procuración General del Tesoro investigará si corresponde el inicio de "acciones de reparación" en favor del Estado y contra el ex ministro Domingo Cavallo por haber llevado adelante la "estatización de la deuda externa privada", que luego se transformó en U$S 17.000 millones de deuda pública. Así lo determinó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dio intervención a ese organismo tras un pedido formulado por el fiscal federal Federico Delgado, para saber si esa medida económica impulsada por Cavallo y otros funcionarios generó que se favorecieran a ciertas empresas privadas.
Delgado le había solicitado al juez que se "remita copias de las partes pertinentes al Procurador del Tesoro para que evalúe si los hechos justifican el inicio de las acciones de reparación contra los funcionarios públicos que implementaron estas políticas públicas y las empresas que se beneficiaron a costa de ellas". Estas medidas se dan en el marco de una causa que se investiga a Cavallo, quien en 1982 era presidente del Banco Central y luego se desempeñó como ministro de Economía en los Gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Según ese dictamen de Delgado, la estatización que se llevó a cabo en 1982 "significó, aproximadamente, el monto equivalente a U$S 17.000 millones del total de los U$S 43.000 millones que aglomeraba la deuda externa declarada en 1983".
El fiscal insistió con que "el objeto procesal que abarca esta ?megacausa? es complejo y requiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina".
En su acusación, Delgado aseguró que "las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el Banco Central de la República Argentina", y agregó que ello derivó "en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación "A" 251 del banco de septiembre de 1982".
Argumentos
"En palabras del economista Eduardo Basualdo, en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada", expresó Delgado.
Delgado justificó "la inminente necesidad de dar intervención al Procurador del Tesoro, a los efectos resarcitorios", y para evitar la posibilidad de prescripción de la causa "ya que si esta muere comienza a fenecer la posibilidad del reclamar la responsabilidad de funcionarios que subordinaron el interés público al que debían defender a los privados que debían controlar". (NA)